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Ver a tantos colombianos respaldar al presidente Uribe en las calles de Colombia es una muestra de lo mucho que la ciudadanía lo quiere, le duele y le indigna lo que está pasando. Y no es para menos. Ha pasado desapercibida que la verdadera intención del proceso es vincular a Uribe con el paramilitarismo. Ese que él desmontó. Lo primero para configurar un soborno de testigos es determinar si lo que decían los testigos era cierto. Si lo que dicen es mentira, es absolutamente imposible el delito. La esencia del delito de soborno de testigos es el engaño, lograr que un testigo mienta o calle total o parcialmente la verdad. Los testigos que supuestamente Uribe sobornó lo son de oídas, no conocen al presidente pero de manera general pretenden vincularlo al paramilitarismo. Eso es falso, pero con esta condena, convierten esas mentiras en verdades.
El juicio al presidente Uribe es -sin duda alguna- una persecución política. Este no es un proceso judicial. Dos fiscales pidieron la preclusión -no había delito- y cuatro delegados del Ministerio Público, han dicho que debe ser declarado inocente. El fiscal que lo acusó había sido nombrado por Montealegre -el ministro de justicia y alegada “victima” en el proceso-, luego lo removieron, pero la acusación quedó en firme.
El gobierno Petro en tres años no logró solucionar los problemas que viven los colombianos, y al contrario creó otros nuevos. La inseguridad está desbordada, el sistema de salud colapsó, los subsidios de energía y gas no se pagan, los subsidios de vivienda se acabaron, las vías no se están construyendo, el sector petrolero está en crisis, no hubo mejoras en la educación ni nuevas oportunidades para los jóvenes y la pobreza disminuye a menor velocidad que otros gobiernos.
La crisis de las democracias representativas está ligada a su propia naturaleza. El Estado de derecho reconoce las complejidades del poder, por eso lo fragmenta, le impone límites, frenos. Aquello supone transiciones lentas que en los tiempos actuales contrastan con los anhelos insatisfechos de una sociedad sumida en la inmediatez.
Todos tenemos bien sabido las formas en las que las democracias latinoamericanas se han erosionado. Es una mezcla difícil: por una parte Estados costosos y lentos que poco resuelven las necesidades de los ciudadanos, aquello va generando falta de legitimidad institucional, indiferencia y hastío con la política. Con el cansancio al hombro, la ciudadanía vota buscando otras opciones, cosas que se vean diferentes a la política.
La Dirección Nacional de Inteligencia ha sufrido un auténtico deterioro desde que quedó en manos de un director que perteneció al M19. Sacaron mucha gente preparada y con una larga carrera, y la reemplazaron por personas poco competentes. El escándalo ahora es mayúsculo, la DNI protegió a criminales de las FARC. Alias Mocho Olmedo segundo al mando de las disidencias estuvo escondido y protegido por DNI con complicidad de la Fiscalía General en Bogotá en una ilegal estrategia para evitar su extradición.
Rodrigo Uprimny argumentó ante la Corte Constitucional que la oposición obstruyó de tal manera la reforma pensional, que logró engavetarla más de 7 meses y que por lo tanto, habiendo obstruido el debate, no podemos exigir que se cumplan los debates y los tiempos exigidos por la ley para aprobar un proyecto. Así que, concluye el constitucionalista, que la pensional no debe ser declarada inconstitucional.
Que Colombia no tome el rumbo de Venezuela: esa ha sido mi meta. Por eso, he tratado de entender como una democracia transita, sin darse cuenta, hacia una tiranía. ¿En qué momento sucedió? ¿Por qué no lograron evitarlo? ¿Cómo no se dieron cuenta? Debieron ser varios cambios sutiles, para que no fueran confrontados, y debió ser la sumatoria los que destruyeron la democracia.
