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Las recientes movilizaciones y el paro en protesta por el aumento astronómico del impuesto predial en distintas regiones del país reflejan un problema: ciudadanos y productores que no pueden asumir el impacto de la actualización de avalúos por cuenta del “catastro multipropósito” sobre el impuesto predial. Familias que ven cómo su propiedad se convierte, de un año a otro, en una carga imposible de sostener.
Colombia no puede acostumbrarse a que el Gobierno juegue con el ahorro de los trabajadores como si fuera una caja menor. Hoy enfrentamos un hecho gravísimo: pretenden obligar a los fondos de pensiones a entregarle al Gobierno $25 billones en menos de 15 días, a pesar de que la ley lo prohíbe y de que el Banco de la República advirtió que ese movimiento es ilegal.
Colombia enfrenta una situación fiscal delicada como resultado de un manejo irresponsable del gasto público. Se estima que el déficit fiscal finalizó el 2025 en 8% del PIB, el nivel más alto de la historia reciente del país, incluso por encima del registrado durante la pandemia. Pero el problema no es solo el tamaño del déficit. Es su origen.
La política exterior de un país no puede moverse al vaivén de los afectos de un presidente ni ser el escenario para desplegar sus vanidades. Debe ser una política de Estado, seria, estratégica y orientada a proteger los intereses nacionales. En el gobierno de Petro ocurrió exactamente lo contrario: la política exterior se volvió un ejercicio de capricho, irracionalidad y deseo de protagonismo, cuyos costos hoy recaen directamente sobre los colombianos.
La salida de Nicolás Maduro es sin duda una gran noticia. Era un tirano; la destrucción de Venezuela, que inició Chávez, la consolidó Nicolás Maduro. Ha sorprendido que algunos líderes de izquierda latinoamericana hayan salido a invocar tratados internacionales para defender a quien se robó las elecciones. Causa casi gracia, que hablen de soberanía para defender un Estado que se había aliado con el narcoterrorismo, en especial el colombiano, pero no exclusivamente. Soberanía la que perdió Venezuela en manos de la criminalidad, la que usurparon las guerrillas robándose la riqueza minera en compañía de personas de otras nacionalidades.
Hoy asumo la candidatura presidencial del Centro Democrático con profunda convicción: nuestro país merece un rumbo distinto, un horizonte de esperanza y un liderazgo que vea el poder como servicio, no privilegio. Agradezco primero a Dios; le pido humildad para servir a los colombianos, discernimiento para superar los dolores nacionales y fuerza para convertir palabras en acciones reales.
Hace pocos días, el Consejo de Estado reiteró que el proceso de elección del Rector de la Universidad Nacional concluyó con la designación de José Ismael Peña. El Consejo Superior Universitario debe restituir en ese cargo al Rector, sin dilaciones. Quedó expuesta la acción de un Gobierno que ha convertido la autonomía universitaria en un campo para sus ambiciones y politiquería.
La línea que separa la política de la criminalidad se ha venido borrando bajo este Gobierno, no por accidente, sino por un patrón que se repite desde la campaña presidencial. Hoy la pregunta es: ¿las disidencias cooptaron al Gobierno Petro, o fue una operación coordinada desde la campaña para obtener apoyo armado y territorial para ganar elecciones?
Petro se presenta como un líder carismático, seguido por multitudes. Sin embargo, su liderazgo no construye: incita a la violencia y la destrucción, heredero de las peores tradiciones de la izquierda radical colombiana. Hizo parte de un grupo armado, avalando así la violencia como mecanismo de acción política.
Es evidente, y lo decimos con la firmeza que nace del amor por nuestra patria: nuestro primer imperativo es derrotar el modelo antidemocrático que Gustavo Petro ha intentado imponer. Su gobierno ha encendido alarmas autocráticas que ningún demócrata puede ignorar. Ha desafiado abiertamente los poderes públicos, tildando a jueces de “jefes de la oposición” solo por cumplir con su deber de defender la Constitución y declarar inconstitucionales o ilegales las decisiones ejecutivas que la vulneran. Ha menospreciado al Congreso proponiendo consultas populares manipuladas como sustituto de un Legislativo soberano. Y sus ataques groseros y estigmatizantes contra los líderes de la oposición no son meras excentricidades: son señales claras de un afán por acumular poderes que van más allá de lo que una elección democrática permite.
