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Blog y Noticias
Hay instituciones que no le pertenecen a un gobierno. Le pertenecen a Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros es una de ellas. Por eso preocupa profundamente que el Gobierno Nacional siga sin firmar el contrato de administración del Fondo Nacional del Café, una decisión que hoy mantiene en vilo a más de 557.000 familias cafeteras en todo el país.
Le doy gracias al Creador que me dio esta maravillosa experiencia. A la Virgen que nos cobijó en cada paso.
Durante meses he recorrido Colombia escuchando a miles de personas. Colombianos que viven en regiones distintas, que tienen historias diferentes, que vienen de sectores políticos diversos y que no piensan igual.
La Costa Caribe está viviendo una injusticia silenciosa. Mientras en Bogotá o en ciudades del interior muchas familias pueden abrir una factura de energía sin sentir angustia, en la Costa millones de hogares reciben cuentas que simplemente no pueden pagar. Facturas de más de $3.000.000 para familias humildes, trabajadores informales y adultos mayores que apenas sobreviven en medio de una economía golpeada.
En Colombia millones de personas se levantan a las 4 de la mañana para salir a trabajar. No viven del Estado. No piden privilegios. Solo quieren poder moverse, trabajar y sacar adelante a sus familias.
En Colombia llevamos años hablando de infraestructura como si fuera un asunto técnico reservado para ingenieros y contratistas. Pero la infraestructura no es solamente cemento, acero o kilómetros de carretera. La infraestructura define cuánto cuesta transportar un alimento, cuánto tarda un campesino en sacar su cosecha, cuánto tiempo pierde una familia atrapada en un trancón o si una región entera puede conectarse con oportunidades y progreso.
Las recientes movilizaciones y el paro en protesta por el aumento astronómico del impuesto predial en distintas regiones del país reflejan un problema: ciudadanos y productores que no pueden asumir el impacto de la actualización de avalúos por cuenta del “catastro multipropósito” sobre el impuesto predial. Familias que ven cómo su propiedad se convierte, de un año a otro, en una carga imposible de sostener.
Hago un enfático y vehemente llamado a la Fiscalía General de la Nación para que reactive de manera inmediata las órdenes de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, suspendidas desde 2024 por decisión del ente acusador, previa solicitud del Gobierno Nacional.
Colombia no puede acostumbrarse a que el Gobierno juegue con el ahorro de los trabajadores como si fuera una caja menor. Hoy enfrentamos un hecho gravísimo: pretenden obligar a los fondos de pensiones a entregarle al Gobierno $25 billones en menos de 15 días, a pesar de que la ley lo prohíbe y de que el Banco de la República advirtió que ese movimiento es ilegal.
Hay momentos en los que las palabras no alcanzan, pero el silencio tampoco basta. Esta columna es para nombrarlos, para honrarlos y para que Colombia no olvide a los soldados y policías que murieron en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo Putumayo y hoy ya no están.
En política hay decisiones que dicen mucho más que cualquier discurso. Revelan la visión de país que uno quiere construir.
Colombia no está condenada al fracaso. Está llamada a levantarse. Y levantarse significa volver a creer: creer en el trabajo, en la familia, en la libertad y en un Estado que sirva en lugar de estorbar.
La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de apenas siete años con hemofilia tipo A severa, se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia.
Colombia enfrenta una situación fiscal delicada como resultado de un manejo irresponsable del gasto público. Se estima que el déficit fiscal finalizó el 2025 en 8% del PIB, el nivel más alto de la historia reciente del país, incluso por encima del registrado durante la pandemia. Pero el problema no es solo el tamaño del déficit. Es su origen.
La política exterior de un país no puede moverse al vaivén de los afectos de un presidente ni ser el escenario para desplegar sus vanidades. Debe ser una política de Estado, seria, estratégica y orientada a proteger los intereses nacionales. En el gobierno de Petro ocurrió exactamente lo contrario: la política exterior se volvió un ejercicio de capricho, irracionalidad y deseo de protagonismo, cuyos costos hoy recaen directamente sobre los colombianos.
La salida de Nicolás Maduro es sin duda una gran noticia. Era un tirano; la destrucción de Venezuela, que inició Chávez, la consolidó Nicolás Maduro. Ha sorprendido que algunos líderes de izquierda latinoamericana hayan salido a invocar tratados internacionales para defender a quien se robó las elecciones. Causa casi gracia, que hablen de soberanía para defender un Estado que se había aliado con el narcoterrorismo, en especial el colombiano, pero no exclusivamente. Soberanía la que perdió Venezuela en manos de la criminalidad, la que usurparon las guerrillas robándose la riqueza minera en compañía de personas de otras nacionalidades.
Yo soy Paloma Valencia y seré tu próxima presidenta.
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