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Es evidente, y lo decimos con la firmeza que nace del amor por nuestra patria: nuestro primer imperativo es derrotar el modelo antidemocrático que Gustavo Petro ha intentado imponer. Su gobierno ha encendido alarmas autocráticas que ningún demócrata puede ignorar. Ha desafiado abiertamente los poderes públicos, tildando a jueces de “jefes de la oposición” solo por cumplir con su deber de defender la Constitución y declarar inconstitucionales o ilegales las decisiones ejecutivas que la vulneran. Ha menospreciado al Congreso proponiendo consultas populares manipuladas como sustituto de un Legislativo soberano. Y sus ataques groseros y estigmatizantes contra los líderes de la oposición no son meras excentricidades: son señales claras de un afán por acumular poderes que van más allá de lo que una elección democrática permite.
La violencia rompe todo. Crea miedo, genera intolerancia, aparta a los vecinos, siembra desconfianza, vuelve indiferente. La violencia no solo nos daña, nos cambia. Hoy, 40 años después, todavía recuerdo el impacto que me causó la Toma del Palacio de Justicia. Las imágenes: el fuego, los muertos, la barbarie.
¡Colombianos, abran bien los ojos! El Congreso, en una sesión exprés y sin pudor, aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por $546,9 billones. No es para el progreso: es un cheque en blanco para el despilfarro. El gasto de funcionamiento se infla 9,1% hasta $359,3 billones –sueldos, oficinas y caprichos–, mientras la inversión pública crece una décima parte 0,9% a $84,7 billones. El servicio de la deuda devora el 19% ($102,4 billones) por errores pasados y el desastre actual.
Petro perdió su visa. Era previsible, incluso podemos decir que es una sanción menor para una grave falta. El hecho no tiene nada que ver con el insulso discurso ante la ONU. Una oda donde volvió a mostrar superficialidad intelectual con pretensiones poéticas bastante mediocres. El hecho que se le cuestiona es haberle pedido a las fuerzas armadas de los EE.UU. que desobedezcan al presidente Trump, electo democráticamente en ese país.
La aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por las comisiones económicas del Congreso representa un pequeño triunfo para la oposición. Con un monto total de $546,9 billones, $10 billones menos que el proyecto inicial del Ejecutivo, este presupuesto corrige algunos excesos que rayaban en el autoritarismo.
Jamás esperé nada distinto y sin embargo, estoy sorprendida. La JEP nos cuenta que las FARC secuestraron a más de 21 mil compatriotas. No es una investigación de la JEP, son las cifras de las investigaciones de la Fiscalía, que también señalan que se ganaron $3,6 billones de pesos con esos crímenes.
Ver a tantos colombianos respaldar al presidente Uribe en las calles de Colombia es una muestra de lo mucho que la ciudadanía lo quiere, le duele y le indigna lo que está pasando. Y no es para menos. Ha pasado desapercibida que la verdadera intención del proceso es vincular a Uribe con el paramilitarismo. Ese que él desmontó. Lo primero para configurar un soborno de testigos es determinar si lo que decían los testigos era cierto. Si lo que dicen es mentira, es absolutamente imposible el delito. La esencia del delito de soborno de testigos es el engaño, lograr que un testigo mienta o calle total o parcialmente la verdad. Los testigos que supuestamente Uribe sobornó lo son de oídas, no conocen al presidente pero de manera general pretenden vincularlo al paramilitarismo. Eso es falso, pero con esta condena, convierten esas mentiras en verdades.
El juicio al presidente Uribe es -sin duda alguna- una persecución política. Este no es un proceso judicial. Dos fiscales pidieron la preclusión -no había delito- y cuatro delegados del Ministerio Público, han dicho que debe ser declarado inocente. El fiscal que lo acusó había sido nombrado por Montealegre -el ministro de justicia y alegada “victima” en el proceso-, luego lo removieron, pero la acusación quedó en firme.
El gobierno Petro en tres años no logró solucionar los problemas que viven los colombianos, y al contrario creó otros nuevos. La inseguridad está desbordada, el sistema de salud colapsó, los subsidios de energía y gas no se pagan, los subsidios de vivienda se acabaron, las vías no se están construyendo, el sector petrolero está en crisis, no hubo mejoras en la educación ni nuevas oportunidades para los jóvenes y la pobreza disminuye a menor velocidad que otros gobiernos.